Jorge Colman, publicado el 21 de diciembre de 2010.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil del MERCOSUR expresamos nuestra convicción y voluntad de diálogo acerca de la construcción conjunta de las políticas públicas, sobre la base de la justicia social y la participación de las organizaciones populares. Manifestamos que esta construcción ha requerido y requiere la reparación del Sujeto de Derechos y su integración como sujeto colectivo de los Proyectos Populares en nuestros países de la Patria Grande de Nuestra América, y por ello insistimos en remarcar la oportunidad histórica que representan los gobiernos nacionales de nuestra Región, sus uniones de intereses, necesidades y propuestas para lograrlo (MERCOSUR, UNASUR, Comunidad Sudamericana de Naciones).
Nuestra perspectiva de trabajo se fundamenta en la Educación Popular, como posición pedagógica y política, dentro y fuera del sistema educativo. Este posicionamiento se conforma en propuestas que no se desarrollan en paralelo al Sistema Educativo, sino que abogan por el fortalecimiento de la educación pública desde espacios complementarios a ella, favorecedores de la identidad, de los vínculos sociales, del protagonismo popular y de la organización en movimientos sociales. Consideramos que estas propuestas consolidan formatos y procedimientos que incluyen los diversos saberes y contextos.
Desde este espacio de construcción, reclamamos la inclusión de nuestras perspectivas como organizaciones populares, de nuestras lenguas e identidad en las agendas de las políticas educativas y la asignación presupuestaria que las mismas conllevan. Esta perspectiva implica la inversión de los Estados, plasmada en mejores condiciones de financiación de los recursos materiales, humanos y simbólicos que se destinen a las políticas públicas educativas y garantiza nuestra concepción político-pedagógica.
La educación en nuestra Región debe ser universal en su acceso, ingreso, permanencia y terminalidad, en todos sus niveles con una perspectiva laica, gratuita, popular y comunitaria, concurriendo con acciones, planes y recursos del Estado que no sólo den cuenta de los y las estudiantes de la Educación Formal sino de todos los habitantes de cada Nación y país, con especial énfasis en aquellos con sus necesidades humanas conculcadas e invisibilizadas.
Enfatizamos el derecho a la diversidad lingüística, generacional, de género, de orientación sexual, religiosa, étnica y los derechos específicos de las personas con diversidad funcional, en todos los niveles del sistema educativo.
Por último, necesitamos enmarcar este proyecto educativo en una solida relación entre la educación y la cultura del trabajo, desde el histórico sentido de unidad de la clase trabajadora de la Región. Consideramos el trabajo desde una perspectiva de crecimiento de la región y bienestar para los pueblos, con mayor producción y distribución justa de la riqueza. En este sentido, proponemos desnaturalizar las normas y expectativas que tenemos en este área y los modelos de legitimación técnica y tecnológica, para construir un modelo de educación para el trabajo que tenga relación con nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros contextos, fortaleciendo el papel protagónico de la formación profesional y la educación técnico-profesional en la construcción de nuestra Región.
Por todo ello, proponemos:
» Los desafíos de la educación popular
» Desarrollar la motivación